El Gobierno de Canarias desbloquea el nuevo edificio judicial de Puerto del Rosario y obliga al Ayuntamiento a modificar su PGOU

El Gobierno de Canarias ha desbloqueado la tramitación urbanística del nuevo edificio judicial de Puerto del Rosario al resolver a favor de su ejecución la discrepancia planteada por el Ayuntamiento. El consistorio había declarado que el proyecto no se ajustaba a la legalidad urbanística por ocupar terrenos destinados a espacio libre, incorporar un viario no previsto y afectar a dos parcelas cuya agrupación no se había acreditado.

La decisión se recoge en el Decreto 166/2026, aprobado el 26 de octubre y publicado este martes, 3 de noviembre, en el Boletín Oficial de Canarias. El acuerdo autoriza la actuación con condiciones y ordena iniciar paralelamente la adaptación del planeamiento municipal, aunque no establece una fecha de comienzo de las obras.

Una sede para reunir los servicios judiciales

El proyecto contempla construir una nueva sede administrativa que concentre órganos y servicios judiciales actualmente distribuidos en distintas dependencias. También incluye la adecuación de los espacios exteriores y las infraestructuras necesarias para conectar el conjunto con su entorno urbano.

La actuación se sitúa entre la avenida Eustaquio Juan Santana Gil y tramo urbano de la FV-10, y las calles Antonio Espinosa y Lucha Canaria.

Afecta a las parcelas AD-013, de uso administrativo, y EL-010, destinada a espacio libre, ambas clasificadas como suelo urbano consolidado.

Según recoge el decreto, la concentración permitirá mejorar la coordinación de los servicios, aprovechar los espacios y facilitar el acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia.

Las objeciones urbanísticas del Ayuntamiento

La Concejalía de Obras Municipales, Urbanismo y Planeamiento manifestó la "no conformidad con la legalidad urbanística" del proyecto, mediante un decreto fechado el 9 de enero de 2026.

El Ayuntamiento señaló que la edificación se extendía sobre ambas parcelas sin respetar la delimitación del espacio libre establecida por el Plan General de Ordenación. También advirtió de la apertura de un nuevo viario, junto a otra parcela administrativa, que no figuraba en el planeamiento.

A estas objeciones se sumaba el incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Edificación, que exige que los proyectos edificatorios afecten a una sola parcela . En este caso, no se había acreditado la agrupación de los terrenos.

Ante la disconformidad municipal, la Viceconsejería de Justicia y Seguridad solicitó la intervención del Gobierno de Canarias para resolver la discrepancia y legitimar la ejecución.

El Ejecutivo ha aplicado el procedimiento previsto en la Ley del Suelo para estos proyectos públicos, que permite resolver el desacuerdo urbanístico y habilitar la actuación sin licencia municipal.

Modificación del Plan General

El decreto ordena iniciar paralelamente el procedimiento para modificar las determinaciones del PGO necesarias para ejecutar el proyecto.

Contra el acuerdo cabe recurso potestativo de reposición en un mes o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en dos meses, desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

En la actualidad, los órganos judiciales de Puerto del Rosario se encuentran repartidos en cuatro sedes diferentes , una dispersión que dificulta el funcionamiento de la Administración de Justicia y la atención a la ciudadanía, además de limitar las posibilidades de crecimiento futuro.

El nuevo edificio permitirá concentrar en una única sede toda la planta judicial del Partido Judicial de Puerto del Rosario, mejorando las condiciones para profesionales y usuarios y modernizando la prestación de un servicio público esencial.

El pasado 5 de octubre, el Gobierno de Canarias autorizaba el gasto plurianual de 70.011.128 euros para la contratación y ejecución de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Puerto del Rosario.