El PP de La Oliva rechaza la tasa turística "ante las dudas sobre su legalidad y los riesgos económicos para el Ayuntamiento"

El Partido Popular de La Oliva ha votado en contra de la aprobación inicial de la ordenanza fiscal que pretende implantar una tasa turística de 0,56 euros por pernoctación, después de que el grupo de gobierno, integrado por Coalición Canaria-Asambleas Municipales (CC-AM), PSOE y Nueva Canarias (NC), rechazara su petición de dejar el expediente sobre la mesa.

Los populares consideran que las dudas jurídicas recogidas en un informe desfavorable de la Tesorería municipal, junto a los posibles riesgos económicos para el Ayuntamiento, justificaban detener la tramitación hasta contar con mayores garantías legales.

El portavoz municipal del PP, José Vicente Calero Saavedra, cuestiona que el gobierno haya decidido seguir adelante con una medida cuya naturaleza jurídica ha sido puesta en duda por la propia Tesorería del Ayuntamiento. El informe incorporado al expediente concluye que las estancias en establecimientos turísticos no pueden configurarse jurídicamente como una tasa, sino como un impuesto, una figura tributaria que el consistorio no tiene potestad para crear.

«No estamos en contra de buscar recursos para mejorar los servicios públicos ni de afrontar los costes que genera la actividad turística. Lo que defendemos es que las decisiones se adopten con todas las garantías legales. Cuando la propia Tesorería municipal advierte de que el Ayuntamiento carece de potestad para establecer este tributo, lo responsable es estudiar esas objeciones antes de continuar», señaló Calero.

Para el Partido Popular, la advertencia no es una cuestión menor ni un simple trámite administrativo, sino un reparo jurídico que debería haberse analizado en profundidad antes de someter la ordenanza a su aprobación inicial.

El precedente de Mogán y los posibles costes para las arcas municipales

A las dudas planteadas por Tesorería se suma la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha declarado nula de pleno derecho la ordenanza de la tasa turística de Mogán. La resolución cuestiona, entre otros aspectos, la justificación de los servicios que sustentaban el cobro y su relación con los costes correspondientes.

Aunque el PP reconoce que esta sentencia no determina automáticamente la ilegalidad de la propuesta de La Oliva, considera que constituye un precedente relevante que obliga a extremar la prudencia antes de continuar con su tramitación.

«No podemos ignorar lo que ha ocurrido en Mogán ni actuar como si no tuviera ninguna importancia. Precisamente por eso solicitamos dejar el asunto sobre la mesa y esperar a que la sentencia sea firme, para poder contar con una valoración jurídica actualizada antes de dar este paso», explicó el portavoz popular.

Calero lamentó que el grupo de gobierno rechazara esta propuesta y optara por continuar con la aprobación inicial de la ordenanza, pese a las advertencias que, según señala, ya constan en el expediente municipal.

Además, los populares recuerdan que el informe de Intervención advierte de las consecuencias económicas que podría afrontar el Ayuntamiento si la ordenanza terminara siendo anulada. Entre ellas figuran la posible devolución de las cantidades recaudadas, el pago de los intereses correspondientes y los costes administrativos derivados de su gestión.

«No hablamos únicamente de aprobar o no una tasa. Hablamos de las consecuencias que podría tener para el Ayuntamiento una decisión que después fuera anulada por los tribunales. Si existen advertencias jurídicas y económicas, lo razonable es analizarlas y despejar las dudas antes de comprometer recursos públicos», afirmó Calero.

El Partido Popular insiste en que su voto contrario no supone rechazar la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación para atender las necesidades del municipio, sino cuestionar que se avance en la implantación de un tributo sin haber aclarado previamente las objeciones jurídicas planteadas.

En este sentido, los populares consideran que el gobierno municipal debería haber aprovechado la fase de tramitación para reforzar las garantías legales de la propuesta, evitando que una eventual impugnación pueda traducirse en nuevos costes para las arcas públicas.

«La Oliva necesita recursos, pero también necesita seguridad jurídica. No todo vale para recaudar. Gobernar significa tomar decisiones, pero también saber cuándo hay que detenerse, estudiar las advertencias de los técnicos y actuar con responsabilidad. Eso es lo que hemos pedido y, lamentablemente, el grupo de gobierno ha preferido seguir adelante», concluyó José Vicente Calero.