Familia de Pascuala Roger sobre la casa de Cueva de la Negra: "El Estado pretende primero tapiar y poco después demoler"

La familia de Pascuala Roger Pérez, la mujer de 80 años residente en Cueva de la Negra, en el municipio de Pájara, ha difundido una carta abierta en la que reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que investigue los dos operativos desplegados para intentar ejecutar la actuación sobre la vivienda y que depure, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

En el escrito, fechado el 1 de octubre, la familia sostiene que en los operativos de los días 26 de agosto y 21 de septiembre participaron Guardia Civil, Policía Local, funcionarios del Estado, personal de TRAGSA/TRAGSATEC y recursos sanitarios. Califica ambos despliegues de "absolutamente desproporcionados" y cuestiona quién los ordenó, cuánto costaron y qué justificó, a su juicio, la movilización de esos medios públicos.

"Alguien los ordenó, alguien autorizó esos medios y alguien debe explicar qué ocurrió y asumir las responsabilidades que correspondan", señala la carta, que asegura haber exigido formalmente a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, "una investigación y la depuración de responsabilidades".

La familia centra ahora parte de sus críticas en la nueva actuación planteada por la Abogacía del Estado. Según recoge el escrito, el Estado pretende obtener autorización para tapiar la vivienda como paso previo a una eventual demolición.

"Primero tapiar. Y poco después, demoler", sostiene la familia, que considera que antes de movilizar nuevamente medios públicos el Ministerio debe ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido en los dos intentos anteriores.

La familia pregunta si habrá "un tercer operativo"

El documento recuerda que el plazo disponible para ejecutar la actuación anterior terminó sin que pudiera culminarse y señala que el Estado solicita ahora más tiempo. La familia cuestiona además la necesidad de tapiar previamente la vivienda si el objetivo posterior es su demolición.

"Más recursos. Más gasto público. ¿Un tercer operativo?", plantea la carta, que pide que las discrepancias entre administraciones se resuelvan por los cauces legales y reclama que Pascuala Roger y su familia no sean "el campo de batalla entre Administraciones".

La familia también contrapone la actuación estatal con los pronunciamientos políticos recientes sobre los núcleos costeros tradicionales.

En concreto, recuerda que el Parlamento de Canarias respaldó por unanimidad el punto principal de una iniciativa destinada a su preservación y que el Senado reclamó una moratoria que incluía la suspensión de determinadas actuaciones mientras se tramita la modificación de la Ley de Costas.

Cueva de la Negra no es solo una casa

Otro de los ejes de la carta es la defensa del valor histórico y patrimonial del enclave. La familia sostiene que la vivienda está vinculada desde hace más de un siglo a la historia de Jandía y afirma que Pascuala Roger vivió allí con su bisabuelo, Lorenzo Pérez Díaz, a quien atribuye la construcción de la casa.

También reclama que la protección no se limite al inmueble, sino que se estudie el conjunto formado por la vivienda y su entorno, donde señala la existencia de un yacimiento arqueológico aborigen.

La carta añade que existen resoluciones de 1980, anteriores a la Ley de Costas de 1988, que, según la familia, ya reflejaban la existencia de la vivienda y la posesión familiar.

El escrito concluye reclamando que se estudie toda la documentación, se investigue quién ordenó los dos operativos y qué coste tuvieron, se respeten las medidas de protección patrimonial y se analicen la vivienda y su entorno antes de cualquier actuación irreversible.

"Antes de tapiar, antes de demoler y antes de movilizar un tercer operativo contra una mujer de 80 años" afirma la familia, "alguien tiene que responder" por lo ocurrido hasta ahora.