El miedo saca viviendas del alquiler en Fuerteventura para vender: "¿Quién compra esas viviendas?"

"Yo creo que el resumen es miedo...Miedo porque se sienten totalmente desprotegido s". Yoana Garrofé, propietaria de la inmobiliaria Yoalquilo, describe así la inquietud que recibe estos días por parte de propietarios de vivienda en la Isla.

En una entrevista en La Voz de Fuerteventura, analiza los motivos que han derivado en la actual situación, la incertidumbre generada con los decretos de vivienda que decayeron el pasado viernes en el Congreso, la convocatoria de elecciones generales y la posibilidad de que, al menos el primero de los decretos -aunque con modificaciones- sea finalmente aprobado por la Diputación Permanente.

La incertidumbre genera miedo y el miedo tiene consecuencias directas, también para quienes buscan casa, advierte.

En Fuerteventura se constata la contracción de la oferta de alquiler para pasar al mercado de la venta, y los inmuebles que quedan, lo hacen con requisitos cada vez más difíciles de cumplir, subraya.

Del alquiler a la venta

En Fuerteventura, ya hay grandes tenedores que han remitido un burofax a sus inquilinos para comunicarles que no renovarán los arrendamientos cuando venzan, con la intención de poner las viviendas a la venta.

Es el caso de un empresario que prefiere mantener el anonimato y que dispone de alquileres que oscilan entre los 300 y 400 euros; incluida una vivienda de 4 habitaciones cerca del mar. "Nunca hemos subido los precios, nunca nos habíamos preocupado porque pensábamos que era mejor tener buenos inquilinos y pagadores", explica.

A pesar de mantener precios claramente por debajo del mercado, lamenta que la gente le trate de abusador por el mero hecho de tener varias viviendas en propiedad. "Estamos hartos de que nos miren con envidia y hablen mal de nosotros", lamenta. Una situación que, considera, se puede agravar, por lo que valora, incluso, la posibilidad de dejar Fuerteventura.

No es el único caso que refleja la incertidumbre del sector.

Garrofé explica que el mismo día de la entrevista, este lunes, tenía prevista una reunión con otro propietario -muy flexible- que debe decidir entre alquilar o vender. Su decisión, relata, está condicionada por las dudas sobre las medidas que el Gobierno pueda aprobar.

Otros mantienen sus viviendas en alquiler, pero restringen los perfiles que aceptan. La responsable de Yoalquilo cuenta que algunos le han trasladado su intención de alquilar únicamente a funcionarios, al considerar que su estabilidad laboral ofrece mayores garantías frente a una eventual situación de vulnerabilidad.

Recuerda el caso de un propietario que hasta ahora aceptaba a personas sin contrato indefinido cuando su trayectoria y las referencias ofrecían confianza. Ahora, explica, teme asumir un riesgo que siente que no puede afrontar.

También hay viviendas que permanecen sin alquilar por las exigencias de sus dueños. "El propietario tiene miedo, normalmente, por una mala experiencia", afirma.

A su juicio, valorar a un candidato exige mirar más allá de su contrato laboral. El hecho de haber permanecido diez años en una misma vivienda también aporta información sobre su comportamiento como inquilino.

Quién asume el coste de la vulnerabilidad

Gran parte de la preocupación mostrada por los propietarios está relacionada con la posible protección frente a los desahucios hasta 2030 contemplada en el decreto de vivienda.

Garrofé rechaza el hecho de que sean los pequeños propietarios los que carguen con la incapacidad de los distintos gobiernos en décadas para promover vivienda pública y garantizar la protección de las personas vulnerables.

Por eso, reclama que las medidas incluyan garantías para el propietario y que la Administración asuma el coste cuando una persona vulnerable no pueda pagar.

"Si tengo hipoteca, tengo una obligación de pagarle al banco", recuerda. Aunque se paralice un desahucio, añade, esa obligación continúa. Y quienes no tienen hipoteca también afrontan gastos que cubrían con la renta. "Porque lo que no puede ser es que me haga cargo yo de manera individual y que yo acarree con las consecuencias económicas de otra persona", sostiene. Al final, es el propietario el que puede incurrir en vulnerabilidad.

Entre las distintas soluciones también propone seguros que garanticen el cobro o que el Gobierno abone el alquiler cuando exista una situación de vulnerabilidad acreditada.

También reclama más información. "Falta información", resume al hablar de la rapidez con la que se anuncian medidas y de las dudas que generan entre propietarios e inquilinos.

Alquileres que obligan a compartir vivienda

La inseguridad convive con unos precios que desbordan los ingresos de muchas familias. Una persona que cobra 1.500 euros y debe pagar 1.000 de alquiler dispone de apenas 500 para afrontar el resto de sus gastos, expone.

Esa presión está cambiando la convivencia. Familias que antes ocupaban viviendas separadas buscan ahora casas más grandes para compartir el alquiler entre varias generaciones. Viven más apretados pero pueden afrontar mejor el pago mensual. En Fuerteventura también están empezando a proliferar los grandes pisos a los que anulan el salón para habilitar más habitaciones. Una modalidad alojativa, sin duda, más lucrativa.

Ante la situación que observa cada día, Garrofé considera necesaria la intervención del mercado con el fin de frenar unos precios que reducen la calidad de vida y la capacidad de consumo.

La subida de la renta, explica, también repercute en el comercio y la restauración, por ejemplo, ya que el dinero destinado a la vivienda deja de gastarse en otros negocios y merma la economía circular.

Sobre los grandes tenedores, introduce un matiz. Con los que trabaja, hay propietarios que mantienen rentas más bajas que pequeños tenedores y aceptan distintos perfiles de inquilinos con mayor flexibilidad. Por eso, considera que el número de viviendas que posee una persona no explica por sí solo sus condiciones de alquiler ni determina cómo afecta al mercado.

La vivienda vacacional y su rentabilidad

Garrofé señala la falta de control sobre la vivienda vacacional como uno de los factores que han reducido la oferta residencial y encarecido los alquileres, especialmente en Canarias y en Islas como Fuerteventura. Critica que la búsqueda de beneficio haya llevado a ofrecer espacios inadecuados y reclama proteger a quienes viven y trabajan en la isla.

Pero advierte de que "no todas las viviendas vacacionales son tan lucrativas como la gente piensa".

La ubicación, los suministros, la limpieza, las comisiones de intermediación y el mantenimiento condicionan el rendimiento. Según explica, algunos propietarios entraron en ese mercado sin calcular los gastos ni comprobar si su vivienda podía obtener los ingresos que escuchaban de otros casos.

Después de probar, algunos regresan al alquiler residencial. "Muchísima gente ha pasado por la moda del vacacional sin haber hecho previamente un estudio", afirma.

A su juicio, la crisis también responde al crecimiento de la población y a la insuficiente creación de viviendas, por lo que reclama una respuesta que, también, abarque esas causas.

"¿Quién compra esas viviendas?"

La salida de inmuebles del alquiler hacia la venta abre otra preocupación para la profesional.

"¿Quién compra esas viviendas? ¿Con qué fin las compra?", plantea Garrofé.

Aunque una mayor oferta pudiera favorecer una bajada de precios, advierte de la diferencia entre un residente que necesita financiación y un inversor con capacidad para cerrar la operación de inmediato.

"Un particular no va a poder competir con un inversionista porque el inversionista te la compra de hoy para mañana", explica.

Recuerda una vivienda que mostró a cinco posibles compradores en apenas dos horas. Entre ellos había inversores y jóvenes majoreros. Según relata, trasladó a los vendedores su preocupación por facilitar el acceso de esos jóvenes y estos comprendieron su planteamiento, optando finalmente por los majoreros.

Garrofé vincula esa dificultad de acceso, con la pérdida de identidad de la isla. Defiende la llegada de personas de otros lugares y la multiculturalidad, pero considera que el acceso de los residentes a una vivienda debe protegerse. "Lo que es la residencia tiene que estar protegida también para cuidar la idiosincrasia" , sostiene, en una Isla "en la que cuesta encontrar a un majorero".

Escuchar también al pequeño propietario

La responsable de Yoalquilo reclama movilizar las viviendas que permanecen sin uso y escuchar a quienes conocen el problema desde posiciones distintas. A las personas que buscan casa, inquilinos, profesionales y propietarios.

"Me encantaría que tuvieran en cuenta la voz del pueblo a la hora de tomar decisiones", afirma.

Su petición incluye expresamente a quienes tienen una sola vivienda y dependen de esa renta para afrontar una hipoteca o completar sus ingresos. Considera que las reuniones centradas en grandes propietarios, que son las habituales, dejan fuera una parte importante de la realidad. "Pregúntenle a ese, no solamente al que tiene 40 y 50", reclama.

Garrofé también es muy crítica con la gestión del Gobierno sobre la SAREB, con numerosos inmuebles en Fuerteventura, la mayoría sin concluir. La entidad, participada en su mayoría por el Ejecutivo, ni vende ni subasta las viviendas que podrían contribuir a paliar buena parte de la escasez que existe.

"El Gobierno es el que tiene que ponerse las pilas y, al igual que sacas un decreto para una cosa, sacas un decreto para la otra y movilizas. Pero no puedes tener eso ahí parado con la falta de vivienda que hay y no hacemos nada y miramos para otro lado. Eso no ayuda. Mirar para otro lado no ayuda a nadie", concluye.

Descanse en Paz, Maricarmen

Después de escribir el artículo, se ha conocido el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre, y que se ha convertido en todo un símbolo de protesta por la situación de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas llamaba a la huelga general, acordada con las principales organizaciones sindicales y CCOO y UGT, para el próximo 11 de noviembre, apenas quince días antes de la celebración de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.